Los promotores de la iniciativa de Ley que busca mejorar las condiciones laborales de los residentes médicos en el país, denunciaron que en el tramite de la ley se incluyó un mico que va en contravía del espíritu de la norma pero que además, los dejaría en peores condiciones que las actuales. El asunto es que en el último debate se incluyó un artículo que señala que en las matriculas en las universidades para los residentes se deben incluir los costos administrativos de las IPS en el proceso de formación. Por su parte la Asociación Colombiana de de Hospitales y Clínicas, ACHC, a quien se acusa de ser la responsable de este artículo, señaló que esa no es su intención, y que por el contrario han propuesta que se busquen mecanismos amplios de financiación para el fondo que cubriría los costos del proyecto.
A continuación la declaración de la Gran Junta Médica frente al tema:

Gran Junta Médica Nacional

❖Como resultado del lobby que hizo la ACHC, ahora se cambia un régimen de remuneración del residente por una financiación indirecta de hospitales y clínicas, que no le pagaría al médico por su trabajo, pero sí llevaría a las IPS a conseguir más ganancias.

❖Distintas asociaciones médicas prendieron las alarmas por la modificación del proyecto de Ley de Residencias Médicas que cursa en el Congreso de la República y que inicialmente solo buscaba superar las barreras de acceso para acceder a la formación de médicos especialistas.

❖Los médicos asociados en las organizaciones científicas le solicitan respetuosamente a los Senadores de la República, que próximamente votarán la ley en el último debate, que retiren el mico y la aprueben tal como pasó en el penúltimo debate. La alteración propuesta por ACHC desvirtúa el propósito de la ley, por lo que a todas luces es inaceptable.

El 25 de abril se radicó la ponencia para el último debate, pero se incluyó en el Artículo 12 una frase que desvirtúa el objeto del proyecto de ley, como resultado de un lobby adelantado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), y que la agremiación reconoce en un comunicado expedido el mismo día. El artículo insertado dice que la regulación de la matrícula que debe pagar el residente incluirá los costos administrativos de las universidades y de las IPS (clínicas y hospitales). Es decir, se cambia una ley de remuneración del residente por una ley de financiación adicional e injusta para beneficiar a los hospitales y clínicas, que no solo han desconocido el pago legal al que tiene derecho el residente por su trabajo, sino que se han apropiado del dinero que facturan por los servicios que presta el profesional en formación.

El proyecto original establecía la regulación de la matrícula para que el valor correspondiera solamente a los costos mínimos administrativos y operativos del programa dirigido que hacen las instituciones de educación superior. Hoy en día ningún residente recibe salario por el trabajo que realiza en las clínicas y hospitales (servicios que facturan las IPS al sistema de salud), pero en cambio debe pagar matrículas escandalosas, que en muchos casos llegan hasta los cuarenta millones de pesos anuales.

Ser médico especialista en Colombia puede costar más de doscientos millones de pesos, en una práctica de dominación, esclavitud y explotación en donde varios actores extraen rentas sin ninguna regulación, realidad única en el mundo. De hecho, un estudio del Hospital Universitario San Ignacio demuestra que en un año las ganancias financieras que logra la institución por el proceso docente, entre ingresos y egresos, superan los mil millones de pesos, demostrando la no necesidad del cobro de matrículas. Como si fuera poco, en Bogotá se ha hecho público que algunas clínicas vienen cobrando de manera arbitraria a las universidades una prima para dejar que el residente trabaje (gratis) en sus instalaciones. Esta práctica viciosa no cuenta con ninguna regulación, por lo que la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) en un comunicado al Senado de la República ha dicho que, salvo honrosas excepciones, no sabe a dónde van a parar los dineros que pagan los médicos residentes por la matrícula.

Por lo anterior, el objetivo de la ley original era cerrar ese círculo de negocio y explotación que ha menoscabado la calidad de la formación médica, debido a que únicamente los profesionales con las mejores condiciones socioeconómicas pueden acceder a una residencia. Esa desigualdad social ha hecho que mucho talento humano valioso se quede estancado y no pueda seguir estudiando, o deba buscar opciones fuera del país, lo que se ha constituido como una barrera de acceso para la disponibilidad de médicos especialistas que requiere la población para su atención.

El núcleo del proyecto inicial era la remuneración de los médicos residentes por los servicios que desarrollan en el SGSS y la regulación de las matrículas universitarias a los mínimos costos operativos y administrativos, así como la prohibición de la práctica viciosa del pago de primas de las universidades a los hospitales para que les reciban a los médicos que buscan su especialización. En el documento aprobado en el penúltimo debate en el Senado la remuneración del residente no queda a cargo del prestador, sino del Estado, y corresponde a tres salarios mínimos, suma inferior a la que obtiene el sistema con el trabajo, la docencia e investigación que hacen los médicos residentes. Además, significa un alivio financiero para los hospitales universitarios, en razón a que dejan de contratar planta de personal que se ahorran con el apoyo del residente.

Sin embargo, con el mico incluido por la ACHC, y que pretende que la matrícula abarque un rubro para los gastos de las IPS, no solo se cambia el objeto de la ley sino que se profundiza y se legaliza una injusticia, una práctica viciosa de explotación y esclavitud en pleno siglo XXI.

Por las anteriores razones, los diferentes gremios médicos del país, que han tratado de revertir una injusticia social histórica mediante el apoyo a la ley de residencias médicas, que posibilita la disponibilidad de recurso humano especializado en el país para la atención de la población, piden que el Congreso de la República tome una decisión acertada en beneficio de la población colombiana y elimine el mico que modifica el proyecto de ley y que favorece intereses poco transparentes.

Cordialmente,

ROBERTO BAQUERO HAEBERLIN (Foto)
Coordinador de la Gran Junta Médica Nacional

Tomado de: Oficina de Prensa Gran Junta Médica Nacional