Fueron muchas las expectativas que la ley estatutaria en salud generó en los colombianos. Luego de una lucha por alcanzar el carácter de derecho fundamental para la salud, con toda la carga que esto significa, parace que nada ha cambiado si se mira el panorama critico del sector. Pacientes mal atendidos y enfrentados a miles de barreras para acceder a los servicios, colapso en las urgencias de la mayoría de hospitales, las tutelas pidiendo servicios incluidos en el POS DESBORDADAS….cada día se hace más valedera la frase final de la novela Gatopardo: “todo cambia para que todo siga igual”.
Opinión y Salud publicó el siguiente artículo que da cuenta de esta realidad del país.

Pese a que el Presidente Santos prometió que con esta ley “se le diría adiós al paseo de la muerte”, aún muchos colombianos demandan su derecho vía tutela”.

Teniendo en cuenta que hoy se cumplen dos años de haber entrado en vigencia la Ley Estatutaria en Salud en Colombia (ley 1751 de 2015), con la cual se reconoció la salud como un derecho fundamental de manera autónoma y que el Presidente Santos aseguró que con esta reglamentación “se le diría adiós al paseo de la muerte”, la realidad es que el sistema de salud continúa siendo la mayor preocupación de los colombianos.

Según lo que está escrito en el papel, la salud tiene que ser garantizada prioritariamente por el Estado, mejorando así el acceso oportuno a los servicios; sin embargo, las cifras de la Asociación de Empresas de Medicina Integral –Acemi-, revelan que actualmente el déficit del sistema supera los $3 billones, por lo que es evidente que ese gran hueco en las finanzas del sector no ha permitido que el Gobierno cumpla a cabalidad la tarea.

La primera de las conclusiones que se sacan de estos primeros dos años, es que los problemas del sistema de salud, no obedecen a la falta de principios formulados en leyes y decretos, más bien por el contrario se deben a que no han querido simplificar el sistema, suprimiendo reglamentaciones que a la larga generan incentivos perversos.

Asimismo, otra de las razones que patrocinan que el sistema siga en crisis tiene que ver con la centralización del poder y de los servicios de salud. Puesto que, las migraciones o desplazamientos obligados por la violencia en los últimos 20 años, le hizo pensar al Gobierno que éramos un país urbano, pero no es así, Colombia es un país rural; por lo que también están pendientes por resolver los grandes problemas de accesibilidad de la población rural a los servicios de salud.

Por el momento, las promesas de la Estatutaria están en el papel. Nada más sencillo que revisar la oferta de salud de 500 municipios rurales, que abarcan 3.000 corregimientos y caseríos donde los campesinos colombianos, que aportan a la economía produciendo el alimento que consumimos a diario, no cuenta con cobertura real de atención ambulatoria de primer nivel, ni mucho menos de consulta especializada.

La solución pareciera ser fácil, en Colombia cada año egresan de las facultades de medicina, odontología y de enfermería; con seguridad muchos de estos estudiantes se desviven por conseguir una plaza para el ‘rural’ o de servicio social obligatorio, pero no todos lo consigue; lo que indica que la falta de personal médico en áreas rurales, no es por carencia médicos, sino por una muy mala planificación de los servicios de salud y esta es una función del Ministerio de Salud.

Pacientes no ven positivo el alcance de la norma
Al respecto de la implementación de la Ley Estatutaria, las asociaciones de pacientes aseguran que el desequilibrio financiero persiste dos años después de las promesas del ministro Gaviria.

El Gobierno no puede ‘tapar el sol con un dedo’ para no escuchar la voz de pacientes que, como el veedor nacional de los pacientes renales, Marco Aurelio Martínez, afirmar que “una cosa es lo que está en el papel y otra la realidad, pues pese a que Colombia cuenta con buenos profesionales de la salud, las barreras las ponen las EPS”.

Lo que queda claro es que son varios los beneficios para los pacientes contemplados hace dos años por la norma, pero muchos aún no se aplican, y hasta que no se eliminen todos los incentivos que la ley le deja a la corrupción, miles de usuarios deberán seguir acudiendo a medidas como la tutela, tal y como sucede hoy, para reclamar servicios de salud, que son considerados en el papel como un derecho fundamental.