La expectativa que existía sobre la venta de Cafesalud, formula que permitiría pagar las deudas contraídas por la EPS liquidada SaludCoop, se vio desbordada por la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca que suspendió el proceso de enajenación como respuesta a una demanda interpuesta entre otros por el senador Jorge Robledo, y que a su vez respondía a las declaraciones de la Procuraduría General de la Nación que había manifestado dudas sobre la transparencia y conveniencia del proceso.
Desde antes de que se anunciará que la puja por Cafesalud se le adjudicaba al consorcio Prestasalud, desde varios sectores se levantaron voces que llamaban la atención sobre la calidad del oferente, entre otras cosas, por la participación dentro de los socios de antiguos asociados de Carlos Palacino, quien en su momento fuera el presidente de Saludcoop acusado de malversación de recursos de la salud y desviarlos hacia otras actividades.
Dentro de los argumentos acogidos por el Tribunal cundinamarques para aceptar la demanda, se incluye que el consorcio de oferentes no tiene experiencia en el aseguramiento, pero que además, por ser en su mayoría empresas prestadoras de servicios de salud que o renuncian a su actual actividad económica, se configuraría una integración vertical peligrosa para todo el sistema e iría en contravía de varios dictámenes de la Corte Constitucional en este sentido.
Los medios de comunicación en el país cubrieron de manera amplia la decisión del Tribunal. A continuación, con el fin de ampliar la información, reproducimos la manera como la revista DINERO cubrió el hecho.

Tribunal de Cundinamarca suspende la venta de Cafesalud
Como respuesta a una solicitud de medida cautelar urgente de varios senadores y la Red de Justicia Tributaria, el Tribunal suspendió la polémica venta de Cafesalud, la EPS más grande del país.

La Red de Justicia Tributaria y los senadores Jorge Robledo, Sofía Gaviria y Antonio Navarro habían interpuesto una acción popular al advertir que en el proceso de venta de la EPS presentaba vicios.

José Roberto Acosta, de la Red de Justicia Tributaria, explicó que la petición del grupo fue detener el perfeccionamiento del negocio, que ya estaba adjudicado desde la semana pasada, con lo que se frustra la protocolización del mismo y da tiempo para el análisis de fondo de los argumentos presentados por los senadores y la Red de Justicia en el proceso.

El Tribunal tuvo en cuenta también las advertencias de la Procuraduría General de la Nación, entidad que realizó un estudio sobre la venta de la EPS y determinó que “el proceso no reflejaba una sana competencia, ni la materialización de una puja económica que favoreciera financieramente los recursos del proceso de liquidación de Saludcoop y consecuentemente los del Sistema de Salud”.

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En su momento el procurador General, Fernando Carrillo, dijo que “Para la Procuraduría General de la Nación no es equiparable la experiencia en la prestación de servicios de salud a la experiencia en materia de aseguramiento en salud, siendo esta última la necesaria para este proceso de venta en curso”.

En la acción popular presentada, se advierte además que con la venta de Cafesalud a Prestasalud hay “derechos colectivos vulnerados o amenazados” como la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el patrimonio público, la moralidad administrativa y los derechos de los consumidores y usuarios.

Además de pedir la suspensión del proceso, quienes interpusieron la acción popular le pidieron al Tribunal “se ordene al Ministerio de Salud, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, adelantar las acciones necesarias para ajustar el procedimiento administrativo de enajenación” para garantizar que se protejan los derechos colectivos que consideran amenazados o violados y se inicie un nuevo proceso de venta de la EPS “una vez se garanticen la participación de múltiples oferentes, que permita seleccionar al más adecuado atendiendo criterios de objetividad, idoneidad, experiencia”.

Por su parte el Tribunal respondió que en “el presente caso se configura un inminente peligro de que ocurra un perjuicio irremediable” y agregó que “la inminencia del perfeccionamiento de esa venta constituye un peligro real e inminente pues su realización tornaría irreversible la afectación a los derechos colectivos violados por la forma como se adelantó el proceso de adjudicación”.

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El Tribunal también advirtió que en la subasta por la EPS “no hubo puja, ni interacción de ofrecimientos reales que incrementaran el valor, además de que se obviaron requisitos tan importantes como la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien se debe pronunciar en todas las integraciones empresariales que puedan conducir a una concentración significativa de una cadena de valor como ocurre con la venta de Cafesalud”.

La venta de Cafesalud a Prestasalud

El pasado 24 de mayo Cafesalud y su IPS Esimed fueron adjudicadas a Prestasalud en una subasta a la que, tal como ha ocurrido en otros casos, se presentó un único proponente con una oferta económica de $1,45 billones.

La escogencia de la mejor propuesta dependía de dos criterios: uno técnico, en el que se analizarían la experiencia y la capacidad del oferente para prestar servicios de salud, y otro financiero, en el que se tendría en cuenta el monto ofrecido por los activos y que debía superar el del avalúo realizado por las firmas Lazard, PwC y Posse Herrera Ruiz.

En ese momento, el superintendente de Salud, Norman Muñoz, destacó que los dos oferentes presentaron dos muy buenos modelos que garantizarían la buena atención a los usuarios. Sin embargo, Prestasalud adquirió finalmente a Cafesalud dada la oferta económica presentada.